La fiscalía como último bastión institucional: ¿resistencia o persecución?
“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.”
— George Orwell
El debate sobre la permanencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha estallado con fuerza tras la decisión del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado de cerrar la investigación por la presunta filtración de los datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso, proponiendo que tanto García Ortiz como la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, sean juzgados por un presunto delito de revelación de secretos.
El auto, que da diez días a las partes para presentar acusaciones o defensas, ha provocado una ola de críticas desde sectores progresistas de la judicatura y el propio Gobierno. Pilar Alegría, portavoz gubernamental, declaró con firmeza: “No hay ninguna prueba clara que señale al fiscal general del Estado como filtrador de nada”. La decisión judicial ha encendido las alarmas en la Fiscalía, en un momento especialmente sensible para el equilibrio de poderes en España.
Desde la Unión Progresista de Fiscales, su portavoz Félix Martín ha salido en defensa de García Ortiz con una contundente declaración difundida en Cadena SER. Para él, el fiscal general no representa un cargo más, sino “el último dique de contención” que impide que el Ministerio Fiscal se convierta en un simple apéndice del poder judicial. “Si dimite, se derrumba ese dique”, advierte, y con ello, el riesgo de que el Ministerio pierda su independencia constitucional y se convierta en una pieza más del engranaje judicial, sin autonomía real.
Martín considera que la instrucción judicial ha estado plagada de “decisiones altamente cuestionables” y que los indicios contra el fiscal general son meras “especulaciones”. La única certeza, según él, es que García Ortiz y Rodríguez intervinieron para elaborar una nota de prensa destinada a frenar un bulo que dañaba la imagen de fiscales y el funcionamiento del propio sistema judicial. De hecho, sostiene que la información sobre los datos fiscales del entorno de Ayuso ya circulaba en ciertos medios mucho antes de llegar a manos del fiscal, hecho que demostraría que ni él ni la fiscal jefe pudieron ser los filtradores.
La declaración de Félix Martín plantea una reflexión de mayor calado: ¿cuándo debe dimitir un servidor público? Para la Unión Progresista de Fiscales, solo hay dos razones válidas: una falta ética demostrable o un daño irreparable a la institución. Y en este caso, argumentan lo contrario: García Ortiz está protegiendo la integridad del Ministerio Fiscal.
Mientras tanto, el escenario judicial se sigue tensando. Cinco asociaciones judiciales y fiscales —en su mayoría de corte conservador— han convocado paros a mediodía frente a los juzgados como forma de protesta por las reformas legales impulsadas por el Gobierno, incluyendo la del Consejo General del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal. Denuncian que estas iniciativas suponen una “amenaza a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal”.
Desde la trinchera progresista, sin embargo, lo niegan rotundamente. “España vive un momento de máxima polarización y la justicia no es ajena a ello”, sentenció Martín, quien también defendió la necesidad urgente de reformas estructurales profundas en la justicia penal. Reclamó que el sistema garantice el acceso igualitario a la judicatura, sin importar la clase social, y que por una vez se piense en un modelo de justicia de largo plazo, no dependiente de los intereses del fiscal general o del Gobierno de turno.
Este episodio no es simplemente un choque institucional. Es una batalla por la supervivencia de los contrapesos democráticos, en un tiempo donde cada gesto judicial o fiscal puede tener lecturas políticas. García Ortiz, por ahora, resiste.
Voces que resisten
“Un sistema judicial debe tener frenos, no ataduras; equilibrio, no sumisión.”
— Reflexión editorial RCJ
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