¿Filtración o vendetta política? El fiscal general en el punto de mira tras la confesión mediática del novio de Ayuso
“La calumnia es como un carbón encendido: si no quema, tizna.” — Proverbio italiano
“Me han reventado”, “ha sido un destrozo”, “me han machacado día a día”. Son las palabras que resonaron en la sala mientras Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaraba ante el juez Ángel Hurtado. Allí, en esa sala de testigos, el empresario no solo se quejó del impacto mediático tras conocerse la denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal, sino que cargó con dureza contra la supuesta filtración de información por parte del Ministerio Público. Lo curioso —y lo más inquietante— es que su testimonio se ha utilizado como ariete político para poner en el punto de mira al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.
La noticia fue divulgada con detalle por la agencia EFE: [Ver fuente EFE], donde se recoge su queja textual: “Ha habido más noticias mías que de la guerra de Ucrania”. La frase, por hiperbólica que parezca, no deja de tener un objetivo político: desplazar el foco de un presunto delito fiscal hacia una supuesta “persecución institucional” articulada desde la Fiscalía.
“Cuando el dedo señala la luna, el necio mira el dedo.” — Confucio
En su declaración, González Amador aseguró no haber tenido conocimiento del correo enviado por su abogado a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, en el que admitía dos delitos fiscales. El problema es que su propio letrado, Carlos Neira, confirmó que sí contaba con su autorización expresa desde el 30 de enero para negociar un pacto de conformidad. Es decir, la estrategia de defensa parece haberse adaptado después de que la denuncia saliera a la luz el 12 de marzo. En ese momento, el foco dejó de estar sobre el delito y pasó a estar sobre quien lo denunció.
De hecho, Neira comunicó a su cliente que la idea era que “haya solo un condenado” y que todo se resolviera con una multa mínima. Pero al ser preguntado por el juez, González Amador insistió en que jamás quiso admitir los delitos y que fue traicionado por su abogado. A pesar de todo, aseguró seguir confiando en él. Una defensa a medio camino entre el victimismo y la contradicción.
“El que no debe, no teme. Y si teme, ya debe.” — Refrán popular
No obstante, lo más relevante no está solo en las declaraciones, sino en lo que se ha hecho con ellas. Porque este caso se ha convertido en una operación de desgaste dirigida contra el fiscal general del Estado. Desde ciertos sectores políticos y mediáticos se ha construido el relato de una supuesta filtración con fines ideológicos. Sin embargo, el contexto muestra que la denuncia fue el resultado de un procedimiento legal, en el que el propio abogado del acusado reconoció los hechos antes de que el caso trascendiera.
Si hay algo que destacar, es la integridad institucional del fiscal Álvaro García Ortiz, quien ha cumplido con su deber en un contexto adverso, marcado por presiones mediáticas y tentativas de manipulación del relato público. Criminalizar a quien denuncia el fraude solo beneficia a quienes buscan impunidad.
VOCES QUE RESISTEN
Este caso evidencia cómo se puede usar una denuncia penal como excusa para construir una narrativa política de persecución. La pregunta ya no es si hubo o no delito —eso lo determinará la Justicia—, sino por qué se ataca con tanta fuerza a quien lo denunció. ¿Estamos ante un intento de intimidar al poder judicial? ¿O simplemente frente a una estrategia de victimización que busca blindar a los poderosos?
Mientras se siembra la sospecha sobre la Fiscalía, se omite que fue el propio entorno del acusado quien admitió los delitos y negoció su resolución. Y que detrás del ruido, el fraude existe. El fiscal general merece el respaldo de la sociedad civil, de las instituciones democráticas y de todos aquellos que no quieren vivir en un país donde el que denuncia termina siendo el acusado.
Pactos, silencios y filtraciones: cuando el abogado desdice al cliente
