El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón en una comparecencia el 31 de octubre, junto a Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València
La Sentencia del Silencio
"El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres." — Platón
El 29 de octubre de 2024 quedó marcado como un día fatídico en la historia reciente de la Comunidad Valenciana. Dos expertos en emergencias, José María Gil Garré y Alberto Aguilar Zarco, elaboraron un informe demoledor para el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, en el que concluyen que el president Carlos Mazón debió haber solicitado la declaración de Emergencia de Interés Nacional (Nivel 3) ante la tragedia provocada por la DANA. Un fallo estructural, una sentencia de muerte, y un silencio institucional que costó vidas.
Según el documento, no activar el máximo nivel de alerta —como tampoco se hizo en catástrofes como el terremoto de Lorca o la erupción de La Palma— fue una grave omisión. "La falta de alertas fue la sentencia de muerte", sentenciaron los peritos, subrayando que un aviso oportuno habría salvado vidas.
El informe, solicitado por la asociación SOS Desaparecidos y ya incorporado a la causa judicial, señala con precisión quirúrgica las principales omisiones de las distintas administraciones: la Generalitat Valenciana, los municipios y, en última instancia, el propio Gobierno central.
La Omertá del Poder
"El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es ser gobernados por personas que sí se interesan, pero por razones equivocadas." — Anónimo
En sus primeras páginas, el informe denuncia una "omertá institucional": actitudes renuentes, esquivas y opacas a la hora de revelar los itinerarios de decisiones, los planes de emergencia vigentes y la identidad de quienes adoptaron —o no adoptaron— medidas aquel 29 de octubre. Solo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) colaboró plenamente; el resto guardó un silencio sepulcral que pesó como una lápida sobre los damnificados.
La falta de alertas paralizó evacuaciones, impidió la movilización de recursos y selló el destino de barrios enteros, convertidos en trampas mortales. Ni los ayuntamientos elaboraron planes operativos ni la Generalitat lideró la respuesta.
El Nivel 3 que Nunca Llegó
"No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho." — Aristóteles
Pasadas las primeras 24 horas de caos, segùn informa el Dirio Sport, la Generalitat tenía no solo el deber, sino también la obligación legal de proponer al Gobierno de España la declaración del Nivel 3 de Emergencia. Sin embargo, tal acción jamás se llevó a cabo.
Los expertos insisten en que, aunque en el Nivel 2 ya se dispone del apoyo estatal, la gravedad de la situación —agravada por la "bochornosa incompetencia municipal y autonómica"— exigía elevar la respuesta. La inacción se transformó así en cómplice de la tragedia.
La ley es clara: el president de la Generalitat ostenta la responsabilidad directa de todas las estructuras operativas en el Nivel 2. En este caso, Mazón, apuntan los peritos, dejó de cumplir con su más alto deber.
VOCES QUE RESISTEN
"Los errores de los gobiernos los pagan siempre los pueblos con sangre, sudor y lágrimas." — Winston Churchill
Cuando el silencio sustituye a las alertas y la descoordinación anula la esperanza, el costo es impagable: vidas truncadas, familias rotas, comunidades devastadas. No es solo una tragedia natural: es la tragedia de un sistema que decidió callar donde debía gritar. Hoy, mientras las víctimas buscan justicia, una sola verdad se impone: callar fue condenar.
RCJ
