Se estrecha el cerco judicial: la pareja de Ayuso afronta casi cuatro años de prisión
Fiscalía apunta a fraude fiscal, falsedad documental y posible soborno
“El escándalo es la fuerza de los que no tienen razón.” — Leonardo da Vinci
La justicia española da un paso decisivo en uno de los casos más sensibles del actual escenario político. La Fiscalía de Madrid ha solicitado tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por defraudar más de 350.000 euros mediante facturas falsas entre 2020 y 2021.
El escrito de acusación, al que tuvo acceso eldiario.es, solicita dos años y un día por el fraude cometido en 2020 y un año y nueve meses por el correspondiente a 2021, en ambos casos en concurso con un delito de falsedad documental. El Ministerio Público sostiene que González Amador utilizó un entramado de sociedades para introducir gastos ficticios que redujeron artificialmente su factura fiscal.
La trama financiera
Según la investigación, el acusado se benefició de comisiones millonarias durante la pandemia, actuando como intermediario en la compraventa de material sanitario. Los ingresos habrían sido ocultados a Hacienda mediante la emisión de facturas falsas, una operación que afecta directamente a sus sociedades y que fue detectada por la Agencia Tributaria.
La jueza instructora validó los argumentos de la Fiscalía, considerando que los indicios superan ampliamente el umbral del delito fiscal. El caso avanza hacia juicio oral, situando a González Amador ante un escenario judicial complejo y de alto coste político para su entorno.
“La injusticia, dondequiera que exista, es una amenaza para la justicia en todas partes.” — Martin Luther King Jr.
La pieza separada: sospechas de soborno
Pero los problemas legales de González Amador no terminan ahí. La Fiscalía también investiga una operación sospechosa relacionada con la compra de una empresa propiedad de la esposa de un directivo del grupo Quirón. La compra se realizó por un importe notablemente superior al de mercado, lo que podría encubrir un soborno para facilitar contratos y facturación posterior.
Esta línea de investigación se mantiene en una pieza separada, y podría añadir nuevos cargos al empresario, ya procesado por fraude fiscal. La conexión con el grupo hospitalario refuerza las alertas sobre posibles tramas de corrupción entre el sector público y privado en plena emergencia sanitaria.
Contexto y reacciones
Este nuevo impulso judicial coincide con el momento político más frágil para Isabel Díaz Ayuso. Aunque no está imputada, la proximidad de los hechos a su ámbito más cercano amenaza con dañar su imagen y generar tensión interna en el Partido Popular.
La oposición exige explicaciones y transparencia. Mientras tanto, Ayuso ha optado por guardar silencio y centrar su estrategia en la confrontación política con el Gobierno central, evitando pronunciarse sobre el proceso judicial que afecta a su pareja.
“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio.” — Cicerón
Voces que resisten
La lucha contra la corrupción no distingue vínculos ni partidos. La independencia judicial y la transparencia deben prevalecer sobre el ruido mediático y el blindaje político. Esta historia, que está lejos de concluir, pone a prueba no solo la responsabilidad individual, sino la credibilidad institucional de un sistema democrático.
No hay comentarios:
Publicar un comentario