“La corrupción no se combate con discursos, sino con decisiones que incomodan.” — Anónimo
El caso ‘Triple A’ sacude el tablero político ecuatoriano
La justicia ecuatoriana ha encendido una alarma judicial en el puerto principal del país. Este sábado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto con otras quince personas y seis entidades jurídicas, ha sido llamado a juicio dentro del llamado caso ‘Triple A’. La Fiscalía General investiga una presunta red de comercialización ilegal de combustibles que, según denuncias, ha perjudicado al Estado.
Todo empezó con una denuncia formalizada en julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, bajo el Gobierno de Daniel Noboa. Según la institución, hubo desvío y venta irregular de combustibles subsidiados hacia países vecinos a precios internacionales, burlando el esfuerzo fiscal de la nación.
“Quien se beneficia del silencio, jamás teme a la justicia.” — RCJ
De los surtidores al banquillo
Las autoridades allanaron estaciones de servicio de la empresa COPEDESA, propiedad de la familia Álvarez, detectando un posible desbalance entre lo adquirido y lo expendido. Meses más tarde, la Fiscalía presentó cargos formales contra cinco individuos y cinco empresas por delitos vinculados al almacenamiento, transporte y venta clandestina de hidrocarburos.
Álvarez, electo en 2023 bajo el paraguas de Revolución Ciudadana, organización liderada por el expresidente Rafael Correa, se ha declarado víctima de una persecución política y judicial. Aseguró públicamente que no existen elementos suficientes para procesarlo. Sin embargo, la Fiscalía logró que un juez le impusiera medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salida del país, comparecencias regulares y uso de grillete electrónico, medida a la que el alcalde se ha negado por supuestos motivos médicos.
“En tiempos de crisis, el silencio es complicidad.” — Eduardo Galeano
El juicio que definirá una época
Con este llamado a juicio, el caso ‘Triple A’ se convierte en uno de los procesos más delicados y simbólicos del Ecuador contemporáneo, tocando a una de las figuras más visibles del escenario político actual. La población guayaquileña y la prensa nacional aguardan el desenlace de este juicio que podría redefinir no solo la carrera de Álvarez, sino también las tensiones entre el Ejecutivo y ciertos poderes locales.
En un país donde la impunidad suele camuflarse entre tecnicismos, este caso se presenta como una prueba de fuego para la institucionalidad. ¿Hasta dónde llegará la justicia? ¿Y quién pagará finalmente los litros de verdad que se evaporaron entre tuberías clandestinas?
Voces que resisten
“No temo a los barrotes ni a las cadenas. Temo a la traición de aquellos que debían estar del lado del pueblo”, dijo Álvarez hace pocos meses. Su defensa, plagada de gestos simbólicos, no ha logrado calmar a una ciudadanía escéptica ni a una Fiscalía decidida a marcar precedentes.
RCJ: “Cuando las ciudades se gobiernan entre surtidores y ambiciones, hasta el combustible se vuelve testigo del poder.”
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