La sala sin pantallas: crónica de una inacción mortal

  magen de archivo del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante una sesión plenaria en Les Corts Valencianes, a 16 de abril de 2025, en València.Rober Solsona / Europa Press

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“No hay peor ceguera que la del que no quiere ver, ni peor sordera que la del que se niega a escuchar.”

— Anónimo popular, pero eternamente vigente.

El 29 de octubre de 2023, la lluvia fue solo el comienzo. Lo demás lo hizo el barro. El silencio. La descoordinación. Y, sobre todo, una sala sin pantallas, sin teléfonos útiles, sin decisiones.

Así lo describe, sin ambigüedades, la jueza Nuria Ruíz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja, en un auto demoledor sobre la gestión del Gobierno de Carlos Mazón durante las terribles inundaciones que asolaron la Comunidad Valenciana y dejaron más de 200 muertos.

“La negligencia es la peor forma de violencia: una que mata sin gritar.”

— Frase anotada a mano en el sumario, atribuida a una madre afectada en Silla.

Según la magistrada, lo que ocurrió en la sala del Cecopi —el centro de coordinación de emergencias autonómicas— no fue un fallo puntual, ni una omisión menor. Fue, literalmente, una “gravísima inactividad con resultado mortal”. Los listados de llamadas y comunicaciones aportados por los investigados revelan que la Generalitat Valenciana lanzó la alerta a la población a las 20:11 horas, cuando ya se había producido la mayoría de los fallecimientos, reporta diario Pùblico.

La jueza lo resume con crudeza: “Los presentes permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior. Ninguna decisión autonómica se tomó a tiempo para salvar vidas.”

En ese espacio, no había pantallas informativas, los técnicos no transmitían datos relevantes, y los responsables políticos eran ajenos a las alertas del 112, a los informes de la Aemet, e incluso a las decisiones de instituciones científicas como la Universitat de València, que con la misma información, optó por evacuar y proteger a sus alumnos y trabajadores. Una decisión que, posiblemente, salvó vidas.

“La administración parecía operar en un bucle de inconsciencia: como si entrar a la sala implicara olvidar el mundo exterior y su urgencia”, se lee en el auto judicial.

Uno de los mensajes más reveladores es el del entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, enviado a las 14:44 horas:

“Los barrancos están a punto de colapsar.”

Horas después, la alarma oficial Es-Alert aún no había sido activada.

El escrito de la jueza concluye con un juicio devastador: culpar al Gobierno central por no declarar emergencia nacional es una forma encubierta de asumir la propia pasividad. Porque cuando una administración no es capaz de avisar a su población en tiempo y forma, el desastre deja de ser natural para convertirse en institucional.

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 VOCES QUE RESISTEN

“No murieron por la lluvia. Murieron porque nadie quiso mojarse.”

— Reflexión de una sanitaria voluntaria en Alzira.

En esta tragedia, la naturaleza fue el catalizador. Pero la inacción fue el verdugo. El relato que emerge desde la justicia no es el de una catástrofe inevitable, sino el de una cadena de decisiones no tomadas, de responsabilidades desdibujadas y de víctimas que aún esperan justicia.

Porque la DANA no solo arrasó carreteras y casas. También desnudó a una administración incapaz de reaccionar, de escuchar, de actuar.

Y eso, como bien apunta la jueza, mata.

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