La otra cara del 'lawfare': Begoña Gómez, blanco del ruido judicial y político
“Donde la justicia es utilizada como arma, la democracia se degrada”. Con esa frase que parece salida de un manual cívico, el periodista que firmó el análisis del Financial Times retrató esta semana el acoso político y judicial que vive la familia del presidente Pedro Sánchez. En el centro de la tormenta: Begoña Gómez, su esposa.
Desde que el juez Juan Carlos Peinado decidió abrir una causa basada en una denuncia del grupo ultraderechista Manos Limpias —sin pruebas consistentes—, el caso ha sido utilizado por la oposición y sectores mediáticos conservadores como un ariete para golpear al Gobierno. Las supuestas irregularidades de Gómez en su trabajo académico han sido desmontadas en diversas investigaciones, pero el ruido mediático sigue su curso.
Según el Financial Times, hay una coincidencia inquietante: las causas abiertas contra la esposa y el hermano de Sánchez se apoyan en querellas impulsadas por la derecha radical, admitidas por jueces afines, y convertidas en espectáculo político. Se trata, en palabras del artículo, de “una estrategia cada vez más presente en Europa para erosionar al adversario por la vía judicial”.
La situación ha llegado a tal punto que esta semana, según Público, el juez Peinado ha citado como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por una supuesta malversación. Pero los indicios, nuevamente, son escasos. Mientras tanto, Vox pide la dimisión del presidente en un pleno marcado por el escándalo interno: su tesorero fue sorprendido dormido en mitad del debate parlamentario.
En paralelo, el PP acusa al Gobierno de “incompetencia” en su estrategia frente a los aranceles de Trump, negándose a apoyar una respuesta común. Y pese a las trabas, el Ejecutivo sigue avanzando en políticas laborales: la propuesta para reducir la jornada semanal de 40 a 37,5 horas ha despertado la ira de las derechas, aunque la ministra Yolanda Díaz ha sido clara: “No habrá marcha atrás”.
El contexto es tenso. Mientras los aliados del PSOE intentan blindar al Gobierno frente al acoso judicial, la impunidad sigue extendiéndose en otros frentes. El Tribunal Supremo ha blindado al rey emérito Juan Carlos de Borbón, impidiendo que se le procese por delitos fiscales ya investigados. En Valencia, la jueza del caso Mazón ha rechazado elevar su causa al Tribunal Superior, permitiéndole seguir sin ser imputado por su cuestionada gestión de la DANA.
Europa también observa. La extrema derecha se fragmenta. El agitador Alvise Pérez, condenado por vulnerar el honor de José Luis Ábalos, ha sido abandonado por los dos eurodiputados de su partido, Se Acabó la Fiesta. Se quedan solos en su cruzada de barro.
VOCES QUE RESISTEN
“Se está intentando instalar la idea de que el juez Peinado actúa con neutralidad, pero las filtraciones sistemáticas y el lenguaje de las resoluciones indican lo contrario”, apuntan juristas cercanos al caso.
En palabras de Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia, “el lawfare existe, y quienes niegan su existencia son cómplices o beneficiarios del desorden democrático que supone judicializar la política”.
Desde el Gobierno, Sánchez mantiene la defensa de su familia con serenidad institucional. “España es un país donde se respetan las garantías. Pero no me quedaré callado cuando se ataque con falsedades a quienes amo”, dijo en su última intervención ante inversores.
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